A extirpar: uno de los problemas de la Ley de Educación Nacional

Una de las discusiones más características del debate político en la sociedad argentina, quitando por supuesto la economía y la seguridad, es la educación. Cuestión que, en un primer momento, podría aparentar, para quien escucha por fuera del ambiente, una característica sumamente positiva del pueblo en el cual vivimos.

No obstante, muy por el contrario, he de decir que nuestra sociedad lleva la discusión educativa no hacia el lado de la calidad de la misma, sino por la vía del interés político. Esto es algo que se evidencia claramente cuando se ven noticias como la toma de colegios, universidades, marchas por la financiación o el cuestionamiento de propuestas como los vouchers universitarios por aquellos cuyo discurso evidencia que no tienen la mínima idea sobre en qué consiste el mismo.

No obstante, si bien podría desarrollar un artículo referido a este tema, mi intención no es esta. En el presente artículo trataré de desarrollar uno de los problemas más importantes presentes en la Ley de Educación Nacional, entre los tantos que tiene, y, a su vez, uno de los que menos se discute en el debate público.

Concretamente, estoy refiriéndome al Título VI del Capítulo III de la Ley Nacional de Educación, promulgada en el año 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner. Este título comprende los artículos entre el 94 y el 99 y posee como objetivo garantizar la correcta evaluación y crecimiento del Sistema Nacional de Educación. Esto, evidentemente, bajo el objetivo de lograr mejores resultados conforme avance el tiempo.

No obstante, la realidad es que existen gran cantidad de problemas dentro de la misma que terminan generando, más bien, el efecto contrario al que en una primera instancia se dice que se desea lograr.

Los primeros tres artículos del capítulo desarrollan los medios y preceptos básicos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación del sistema educativo. Si bien podrían hacerse algunas objeciones, considero que esto sea tarea del lector y no mía, dado que considero que no tengo el nivel de conocimientos suficientes para hacer una objeción de un valor tal como para ser tomada de forma categórica y prefiero, por el contrario, que sea cada individuo quien ejerza tal juicio.

El auténtico problema aparece cuando nos dirigimos hacia el artículo número 97. El mismo indica que los resultados de estas evaluaciones deben hacerse públicos. Hasta aquí todo indicaría que estamos hablando de algo plenamente positivo, pues ¿a quién no le interesa conocer cómo ha ido evolucionando la educación en su país, sobre todo si tiene familiares o conocidos que se encuentran recibiendo educación? No obstante, es el propio artículo aquel que se encarga de aclarar que esta información se promulgará resguardando la identidad de alumnos, docentes e instituciones, a fin de evitar la tan maliciosa estigmatización.

Es bajo este punto donde las evaluaciones que promete la ley no tienen más objeto que el de enseñarle a los individuos si la educación, en rasgos generales del país, ha mejorado o empeorado, sin ellos poder entender el porqué de forma plena. Tal situación dificulta a los tutores de menores y alumnos universitarios elegir la mejor opción para recibir instrucción. De esta manera, la competencia se restringe y se ve limitada al dicho popular y al boca en boca de todos aquellos que hayan ido a una u otra institución.

De hacerse públicos los datos de las instituciones y de los docentes, se fomentaría una competencia, obligando a todas las instituciones a mejorar su calidad educativa de forma visible, con el objeto de que se vea reflejada en los informes que plantea la ley. A su vez, los docentes estarían obligados a ofrecer el servicio de mejor calidad que puedan para mejorar su currículum y, con ello, sus posibilidades de ser contratados por mejores instituciones y obtener mejores salarios.

Ahora bien, el motivo de por qué esto no se hace no es por la tan temida estigmatización, o por lo menos no es lo que la evidencia demuestra. La realidad es que, con el tiempo, la educación nacional argentina ha decaído de forma estrepitosa, destacándose en medio de esta debacle la educación pública, es decir, aquella brindada por el Estado. En paralelo, las instituciones educativas se han convertido en centros de adoctrinamiento, por lo cual, para un gobierno estatista, demostrar que son sus instituciones las que decaen no solo sería perjudicial, sino que traería consigo una pérdida masiva de votos.

A continuación, el artículo 98 plantea la creación del Consejo Nacional de Calidad de la Educación con el fin de que el mismo pueda actuar como asesor para mejorar la calidad educativa. Sin embargo, la composición del mismo es fundamentalmente pública, pues tanto los representantes legislativos como gubernamentales son parte del Estado. Los académicos y sindicales, por su lado, es sabido que reciben gran parte de su financiamiento y son en extremo aliados de determinados espacios ideológicos muy fuertes en nuestro país, dado el financiamiento que les proporcionan, quedando, de esta manera, aquellos que representan al sector productivo relegados a un papel de objetores, recordando además que muchas empresas subsisten gracias a políticas estatales, por lo cual su opinión es fácilmente maleable.

El artículo 99 simplemente indica que estos informes deberán ser elevados al Congreso para que, en un trabajo conjunto con el Ejecutivo, se aplique la ley. No obstante, los errores ya arrastrados, no solo en este título sino en todos los artículos anteriores, hacen que sea simplemente un artículo de formalidad.

Antes de pasar a la conclusión, desearía invitar al lector a buscar la página de Argentinos por la Educación(Informes - Argentinos por la Educación https://share.google/U8Bl7QZgoNogWFt0X) para poder apreciar los genuinamente nefastos indicadores de calidad educativa en Argentina. 

A modo de cierre quisiera comentar que el gobierno nacional, comandado por el presidente Javier Milei, planea enviar al Congreso una reforma de la Ley Nacional de Educación. Esta será una de las reformas más importantes, no solo de las que se han llevado a cabo, sino de todas las prometidas por el presidente durante la campaña y de las que necesita el país en general.

Uno de los tantos artículos que plantea la reforma, según tengo entendido, es la solución de los problemas tratados en las páginas anteriores. Con esto en cuenta, hago un llamado a todos quienes leen este artículo a apoyar esta reforma, a fin de que la educación argentina recupere el nivel que alguna vez llegó a tener, cuando encabezaba los niveles educativos de la región o, inclusive antes, cuando fue el primer país en eliminar el analfabetismo. Esta problemática va mucho más allá de la economía: tiene que ver con el futuro de toda la sociedad, no con el presente, sino con el futuro, y con la transformación necesaria para que Argentina finalmente se convierta en un país capaz de recuperar la posición que algún día supo tener.