104 días para encontrar la verdad

310.000 expedientes bajo revisión el escándalo policial que sacudió a Corea del Sur

La policía de Jeju, una isla ubicada al sur de Corea del Sur, quedó envuelta en un escándalo después de que se descubriera que un agente habría cerrado irregularmente varios casos de personas desaparecidas. La investigación comenzó tras el hallazgo de dos cuerpos cuyos expedientes habían sido gestionados por el mismo funcionario y rápidamente adquirió dimensión nacional: las autoridades anunciaron una revisión de aproximadamente 310.000 casos de personas desaparecidas cerrados durante los últimos tres años.

El caso que puso en marcha la investigación fue el de Jang Mi-ran, una mujer de 37 años que desapareció en Jeju el 12 de mayo de 2026. Tres días después, su pareja denunció su desaparición ante la policía. Según la investigación, el agente encargado del expediente cerró el caso aproximadamente dos horas y media después de recibir la denuncia, bajo el argumento de que había logrado comunicarse con Jang y confirmar que se encontraba a salvo.

El problema fue que no existía ningún registro de esa comunicación. Posteriormente, los investigadores determinaron que el contacto que el funcionario había informado aparentemente nunca se produjo y que también se habría eliminado información relacionada con el expediente del sistema policial utilizado para gestionar las denuncias de personas desaparecidas.

El caso permaneció cerrado mientras la familia continuaba intentando obtener respuestas. Finalmente, el cuerpo de Jang fue encontrado el 24 de agosto, 104 días después de su desaparición, en la zona de Hallim, relativamente cerca del lugar donde se había hospedado.

El hallazgo transformó lo que inicialmente podía parecer un caso de negligencia individual en una investigación sobre el funcionamiento del sistema policial.

Dos cuerpos y un mismo funcionario

La situación se agravó cuando las autoridades descubrieron que el mismo agente había intervenido en otro caso de desaparición. Se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años cuyo expediente también habría sido cerrado de manera irregular.

De acuerdo con la investigación, el policía habría afirmado que había conseguido comunicarse con el hombre y que este había manifestado que no quería que su ubicación fuera revelada a sus familiares. Esa información tampoco habría sido cierta. El hombre fue encontrado muerto después de que su familia volviera a denunciar su desaparición.

La coincidencia entre ambos casos encendió las alarmas dentro de la policía. Dos personas habían sido reportadas como desaparecidas, dos expedientes habían sido cerrados irregularmente y, posteriormente, ambas personas fueron encontradas muertas. Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar si existe alguna relación entre las decisiones adoptadas por el funcionario y las muertes, por lo que no corresponde atribuirle una responsabilidad penal que todavía está siendo investigada.

Lo que sí quedó bajo sospecha es el procedimiento utilizado para cerrar los expedientes.

298 denuncias gestionadas por el agente

Según la investigación, el funcionario había gestionado aproximadamente 298 denuncias de personas desaparecidas desde marzo de 2025 hasta su suspensión, el 11 de agosto de 2026. Las autoridades detectaron inicialmente alrededor de diez casos que podrían haber sido cerrados de manera irregular y comenzaron a revisar los expedientes.

La cifra de 298 casos resulta relevante porque permite dimensionar el alcance potencial del problema. No significa que las 298 investigaciones hayan sido mal gestionadas ni que todas las personas involucradas hayan estado en peligro. Las autoridades todavía deben determinar qué ocurrió en cada expediente.

Pero el hecho de que un solo funcionario pudiera gestionar cientos de denuncias y que algunas de ellas presentaran irregularidades plantea una cuestión que excede su responsabilidad individual: ¿qué controles existían para verificar que las actuaciones registradas por el agente fueran realmente realizadas?

Ese interrogante es precisamente el que convirtió el caso de Jeju en un problema institucional.

Corea del Sur revisará 310.000 expedientes

La Policía Nacional de Corea del Sur anunció una revisión nacional de aproximadamente 310.000 casos de personas desaparecidas que fueron cerrados durante los últimos tres años. La investigación busca determinar si los expedientes fueron gestionados correctamente y detectar posibles irregularidades.

Las autoridades prevén completar la revisión antes de noviembre y también anunciaron mecanismos destinados a mejorar el control sobre los expedientes cerrados, incluyendo revisiones periódicas y la posibilidad de reabrir investigaciones cuando aparezcan indicios de que un caso no fue tratado correctamente.

La dimensión de la revisión es significativa. No se trata de algunos cientos de expedientes vinculados a un escándalo local, sino de cientos de miles de investigaciones que deberán ser examinadas para determinar si los procedimientos utilizados fueron adecuados.

El gobierno surcoreano busca evitar, al mismo tiempo, que la investigación produzca una conclusión equivocada. El caso de Jeju no demuestra que los 310.000 expedientes hayan sido mal gestionados. La revisión existe precisamente porque las autoridades necesitan comprobarlo.

Una desaparición no puede convertirse en una casilla administrativa

El escándalo expone uno de los problemas más delicados de cualquier administración pública: cuando una decisión burocrática puede tener consecuencias sobre la vida de una persona.

Un expediente puede aparecer como cerrado en un sistema informático. Una actuación puede quedar registrada. Un funcionario puede informar que realizó una llamada o que consiguió localizar a una persona. Pero si nadie verifica que esa actuación realmente ocurrió, el sistema puede terminar generando una falsa sensación de seguridad.

En el caso de Jang Mi-ran, la investigación apunta precisamente a esa situación. El expediente indicaba que la mujer había sido contactada y que se encontraba a salvo, pero posteriormente las autoridades descubrieron que no existía registro de esa comunicación.

La tecnología puede mejorar enormemente la capacidad de una policía para localizar personas. Los sistemas de información permiten cruzar datos, revisar cámaras, identificar movimientos y coordinar investigaciones. Sin embargo, la tecnología también necesita controles. Un sistema informático no puede reemplazar la responsabilidad de los funcionarios que introducen y modifican información.

El problema no es tener burocracia.

El problema aparece cuando la burocracia puede funcionar sin controles suficientes.

Los adultos desaparecidos y una zona gris

El caso también puso bajo el foco el tratamiento de las desapariciones de adultos en Corea del Sur. La legislación establece herramientas especiales para determinadas personas consideradas especialmente vulnerables, entre ellas menores, personas con determinadas discapacidades y personas con demencia.

Los adultos que no pertenecen a esas categorías pueden encontrarse en una situación diferente. Una persona adulta puede abandonar voluntariamente su domicilio y no querer revelar su ubicación. Pero también puede haber sido víctima de un delito, sufrir un accidente, encontrarse incapacitada o estar atravesando una situación de peligro.

Por eso, determinar que una persona desaparecida es adulta no debería convertirse automáticamente en una razón para reducir la importancia de la investigación.

Al mismo tiempo, las autoridades deben respetar la autonomía de los adultos que deciden voluntariamente abandonar su domicilio. Una persona mayor de edad también tiene derecho a su privacidad y a decidir con quién desea mantener contacto.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre ambos principios: proteger a quien realmente está en peligro sin convertir cada desaparición voluntaria en una investigación invasiva.

70.000 denuncias de adultos desaparecidos al año

La magnitud del problema explica por qué el funcionamiento del sistema resulta tan importante. Corea del Sur recibe aproximadamente 70.000 denuncias de adultos desaparecidos cada año y la mayoría de esos casos termina con la localización de la persona.

Sin embargo, también existen casos que terminan de manera trágica. Según datos citados recientemente por The Guardian, alrededor de 70.000 adultos fueron reportados como desaparecidos durante el último año y 931 de esas personas fueron posteriormente encontradas muertas.

La cifra no permite afirmar que esas 931 muertes hayan sido consecuencia de errores policiales. No existe evidencia para establecer esa relación y sería irresponsable sugerirlo.

Pero sí permite comprender por qué una denuncia de desaparición no puede ser tratada automáticamente como un simple trámite administrativo.

Detrás de cada expediente existe una persona y, en muchos casos, una familia que espera respuestas.

La pregunta incómoda ¿quién controla al que controla?

El punto central del escándalo de Jeju no debería limitarse a determinar qué hizo el agente investigado. Esa cuestión deberá ser resuelta por las autoridades correspondientes y, si existen delitos, por la Justicia.

Existe otra pregunta que resulta todavía más importante desde el punto de vista institucional: ¿cómo pudo producirse una situación de estas características sin que los mecanismos internos la detectaran antes?

Si un funcionario pudo registrar una comunicación que aparentemente nunca ocurrió, cerrar un expediente y modificar información sin que la irregularidad fuera detectada inmediatamente, entonces el problema no puede reducirse exclusivamente a la conducta de una persona.

También existe un problema de supervisión.

Una institución pública no debería depender de que cada funcionario actúe correctamente en todo momento. Precisamente por eso existen controles internos, auditorías, registros y mecanismos de revisión.

La responsabilidad individual es necesaria, pero no suficiente.

El poder también necesita límites

El caso de Jeju demuestra que la discusión sobre los límites al poder no se aplica únicamente a presidentes, ministros o grandes instituciones políticas. También alcanza a cualquier funcionario que tenga autoridad para tomar decisiones que puedan afectar los derechos o la seguridad de otras personas.

Un policía tiene autoridad porque el Estado se la concede.

Un funcionario puede acceder a información privada porque la institución le otorga esa posibilidad.

Un agente puede cerrar una investigación porque el sistema le permite hacerlo.

Precisamente por eso deben existir controles.

El objetivo no es impedir que los funcionarios trabajen con autonomía. Una policía excesivamente burocratizada puede ser tan ineficiente como una policía sin controles. El objetivo es conseguir que las decisiones importantes puedan ser verificadas posteriormente y que una persona no tenga la posibilidad de convertir una actuación falsa en un registro oficial sin que exista ningún mecanismo capaz de detectarlo.

Una institución fuerte no es aquella que pretende demostrar que nunca se equivoca.

Es aquella que tiene mecanismos para descubrir sus errores.

La respuesta del gobierno

El escándalo obligó al gobierno surcoreano a reaccionar. El presidente Lee Jae Myung pidió estudiar medidas para fortalecer la responsabilidad policial, mientras que el ministro del Interior, Yun Ho-jung, ordenó una investigación exhaustiva del caso de Jeju y una revisión del sistema utilizado para gestionar las desapariciones.

El funcionario reconoció además que la preocupación pública y la pérdida de confianza en la policía habían alcanzado un nivel preocupante.

Como parte de la respuesta institucional, cuatro responsables de la cadena de mando de la comisaría de Jeju fueron apartados temporalmente de sus funciones mientras se investiga su posible responsabilidad.

Las medidas son necesarias, pero su eficacia dependerá de lo que ocurra después del escándalo.

Una reforma no puede limitarse a crear nuevos procedimientos, presentar un nuevo sistema informático o anunciar una comisión de investigación.

La verdadera prueba será determinar si los cambios consiguen impedir que una situación similar vuelva a producirse.

La confianza pública también está en juego

Cuando una familia denuncia la desaparición de un ser querido, no está simplemente entregando información a una oficina pública.

Está depositando confianza en el Estado.

Confía en que alguien va a investigar.

Que se revisarán las cámaras.

Que se analizarán los registros.

Que se seguirán las pistas.

Y que el expediente no será cerrado simplemente porque el procedimiento administrativo exige marcarlo como terminado.

Cuando esa confianza se rompe, las consecuencias van mucho más allá de un caso individual.

También afecta a la percepción que millones de ciudadanos tienen sobre una institución encargada de protegerlos.

Por eso el escándalo de Jeju resulta particularmente delicado.

La policía necesita autoridad para cumplir su función, pero esa autoridad debe estar acompañada por controles.

Una policía sin poder suficiente puede ser incapaz de proteger a los ciudadanos.

Una policía con poder sin controles puede convertirse en una institución capaz de cometer abusos.

El equilibrio entre ambas cosas es una de las bases de cualquier Estado de derecho.

Un expediente cerrado no significa un caso resuelto

El escándalo de Jeju todavía está bajo investigación y será necesario esperar para conocer el alcance real de las irregularidades.

No sabemos cuántos de los aproximadamente diez casos inicialmente sospechosos terminarán confirmándose.

Tampoco sabemos si aparecerán nuevos casos cuando concluya la revisión de los 298 expedientes gestionados por el agente.

Y mucho menos puede afirmarse que los aproximadamente 310.000 casos que serán revisados hayan sido gestionados incorrectamente.

Pero sí existe una conclusión que ya puede extraerse.

La eficacia de una institución no puede medirse únicamente por la cantidad de expedientes que consigue cerrar. También debe medirse por la cantidad de casos que cierra correctamente.

Una persona desaparecida no es un número dentro de una base de datos.

Una investigación no es una casilla que simplemente debe marcarse como terminada.

Y una institución responsable no puede conformarse con que el sistema diga que un caso fue resuelto. Necesita contar con mecanismos que permitan demostrar que realmente lo fue.

El caso de Jeju deja una pregunta que trasciende las fronteras de Corea del Sur. Cuando un funcionario recibe poder para investigar, registrar información y cerrar un expediente, también debe existir alguien con capacidad para controlar que ese poder sea utilizado correctamente.

Porque cuando el Estado es responsable de buscar a una persona desaparecida, cerrar el expediente no puede convertirse en la forma más sencilla de hacerla desaparecer también de los registros.