La República de la Doble Vara

LA REPRESIÓN DE SIEMPRE

Hay una escena que se repite en la Argentina con una precisión casi científica.

Un grupo de personas se concentra frente al Congreso. Hay banderas, bombos, consignas, cámaras de televisión y dirigentes políticos. Hasta ahí, perfecto. Manifestarse es un derecho y nadie debería discutirlo.

Después aparecen las piedras.

Después aparecen las botellas.

Después vuelan objetos contra los policías.

Después se rompen vallas, se producen destrozos, aparecen incendios, hay detenidos y heridos.

Y entonces llega el titular mágico:

“REPRESIÓN POLICIAL”.

Qué país maravilloso.

El policía puede recibir una piedra en la cabeza, un empujón, un botellazo o una agresión mientras cumple una orden, pero cuando responde para contener el desborde, automáticamente aparece convertido en el villano de la película.

Porque aparentemente existe una nueva categoría jurídica que todavía no figura en ningún código: si la agresión viene de una manifestación política, deja de ser agresión.

El 6 de agosto, las inmediaciones del Congreso volvieron a convertirse en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Hubo lanzamiento de piedras y botellas, derribo de vallas, detenidos y daños.

Pero en buena parte del relato público vuelve a aparecer la misma pregunta:

¿Qué hizo la Policía?

La pregunta que casi nunca aparece con la misma fuerza es:

¿Qué estaba haciendo el que estaba tirando la piedra?

Porque parece que tenemos que discutir todo menos eso.

El policía no cobra millones por estar ahí

Y acá aparece otra de esas maravillosas contradicciones argentinas.

El policía que está parado durante horas frente al Congreso no es un senador.

No tiene despacho climatizado.

No tiene asesores.

No cobra una dieta millonaria por sentarse a discutir leyes.

No decide cuánto cobra.

No decide cuándo trabaja.

Y probablemente tampoco tenga un patrimonio comparable al de buena parte de la dirigencia política.

Sin embargo, ahí está.

Con casco.

Con escudo.

Bajo la lluvia.

A veces durante horas.

Esperando que alguien decida que ya es suficiente y pueda volver a su casa.

Y cuando finalmente interviene porque una situación se descontrola, aparece una parte del periodismo para explicarnos que “la Policía reprimió a los manifestantes”.

Perfecto.

¿Y quién le explica al policía que también tiene derechos humanos?

¿O los derechos humanos funcionan solamente cuando la persona que aparece en cámara tiene una bandera, una organización detrás o una consigna políticamente conveniente?

Porque el policía también tiene familia.

También tiene hijos.

También paga impuestos.

También llega a fin de mes haciendo cuentas.

También se enferma.

También puede terminar lastimado.

También puede morir.

Y, sobre todo, también es una persona.

Doce millones y la revolución del bolsillo ajeno

Mientras tanto, el Congreso nos ofrece otro espectáculo bastante curioso.

Los senadores nacionales pasarán a cobrar cerca de $12 millones brutos mensuales desde agosto, producto de los aumentos vinculados a la paritaria del personal legislativo.

Doce millones.

Pero tranquilos.

El problema nacional aparentemente es que un ciudadano compre una bandera equivocada.

O que alguien quiera discutir una ley.

O que un policía intente mantener un cordón.

¿Dónde están las grandes convocatorias para reclamar por los sueldos de los trabajadores?

¿Dónde están las estrellas de la televisión convocando a una marcha para decir:

“BAJEN LOS SUELDOS DE LOS POLÍTICOS”?

¿Dónde están los famosos llamando a llenar la Plaza del Congreso para exigir que un senador cobre de acuerdo con la realidad económica del argentino promedio?

Ahí parece que la épica se termina.

Porque protestar contra el político que gana millones quizás no genere tantos aplausos como protestar contra el Gobierno de turno.

Y eso nos lleva a una pregunta incómoda:

¿Cuánto de la indignación es realmente por Argentina y cuánto es simplemente política?

La marcha contra una ley que ni siquiera era exactamente la que muchos creían

Y acá aparece otra parte bastante surrealista.

La convocatoria se sostuvo incluso después de que el Gobierno modificara el proyecto y retirara el capítulo más polémico relacionado con la Ley de Tierras.

Es decir:

se discutía una cosa,

se modificaba el proyecto,

se retiraba un capítulo,

pero la protesta seguía.

Porque aparentemente la marcha ya tenía vida propia.

Era como comprar una entrada para ver una película y, cuando cambian la película, quedarse igual porque “ya que estamos, rompamos algo”.

Y no.

Una cosa es protestar.

Otra cosa es atacar a la Policía.

Una cosa es gritar.

Otra es tirar piedras.

Una cosa es estar en desacuerdo con una ley.

Otra es destruir bienes públicos.

Porque hay una pequeña cuestión que parece olvidarse:

lo que se rompe lo paga alguien.

Y ese alguien no es el senador.

No es el dirigente social.

No es el famoso.

No es el sindicalista.

Lo paga el Estado.

Y el Estado se financia, entre otras cosas, con los impuestos de los ciudadanos.

Es decir:

rompemos bienes públicos para protestar contra el sistema y después mandamos la factura al mismo ciudadano al que supuestamente estamos defendiendo.

Brillante.

Los famosos también descubrieron la política

Y claro que no podían faltar los famosos.

Lali Espósito, Dillom y Fito Páez estuvieron entre las figuras públicas que expresaron su rechazo al proyecto y se vincularon públicamente con la protesta.

Perfecto.

Cada uno tiene derecho a opinar.

El artista puede hablar de política.

El futbolista puede hablar de política.

El actor puede hablar de política.

El cantante puede hablar de política.

Pero sería interesante que la misma energía apareciera para hablar de otras cosas.

Por ejemplo:

del trabajador que no llega a fin de mes.

del médico.

del docente.

del policía.

del jubilado.

del empleado que trabaja diez horas.

Del pequeño comerciante que paga impuestos, alquiler, cargas y después descubre que todavía tiene que pagar los destrozos que otros provocaron en una manifestación.

Porque parece que para algunos la Argentina tiene una sola problemática:

Javier Milei.

Y no.

Argentina tiene miles de problemas.

Y algunos existen desde mucho antes de Milei.

Los trabajadores que nadie invita a la marcha

También resulta curioso el silencio alrededor del sindicalismo.

Porque si hablamos de defender al trabajador, sería bueno preguntar dónde termina la defensa del trabajador y dónde comienza la defensa de la estructura sindical.

¿Dónde están las grandes movilizaciones por el empleado precarizado?

¿Por el trabajador que tiene miedo de perder el empleo?

¿Por el que cobra poco?

¿Por el que trabaja en condiciones deficientes?

¿Por el que no tiene la capacidad de negociación de un dirigente gremial?

Porque mientras algunos trabajadores siguen contando monedas, una parte de la dirigencia sindical hace años que disfruta de un nivel de vida que difícilmente represente al trabajador promedio.

Entonces aparece la pregunta inevitable:

¿Quién defiende al trabajador de sus propios defensores?

Porque también eso debería ser parte de la discusión.

Y después está la Justicia

Acá entramos en otro capítulo.

Porque Argentina tiene una particularidad bastante extraña:

el Poder Judicial puede tener una influencia enorme sobre decisiones que afectan directamente la vida política del país, pero cuando llega el momento de preguntarle por determinadas decisiones judiciales, aparece el famoso:

“No podemos opinar sobre procesos en curso”.

Perfecto.

Pero las familias de las víctimas sí pueden opinar.

Y pueden llorar.

Y pueden reclamar.

Y pueden preguntar por qué.

Ahí están casos como el de Agostina Vega, una adolescente de 14 años cuyo femicidio generó cuestionamientos sobre decisiones previas y sobre la actuación estatal. La Justicia mantiene abierta la investigación y decretó secreto de sumario durante una etapa de las diligencias.

Está también el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado brutalmente en Santa Fe. La causa involucró a menores de distintas edades y puso nuevamente en discusión el régimen penal juvenil. Uno de los acusados, de 14 años al momento del crimen, fue sobreseído por su edad y por la no retroactividad del nuevo régimen penal juvenil.

Y está el caso del pequeño Ángel, en Comodoro Rivadavia, donde la actuación de la Justicia de Familia quedó bajo una fuerte discusión pública luego de la muerte del niño. El abogado de su padre cuestionó duramente las decisiones judiciales vinculadas con su tenencia.

Y ahí debería aparecer una discusión mucho más profunda:

¿Quién controla al que controla?

Porque si un juez se equivoca, las consecuencias pueden ser irreversibles.

No estamos hablando de equivocarse con un trámite administrativo.

Estamos hablando de personas.

De chicos.

De familias.

De vidas.

Y cuando la Justicia falla, no alcanza con decir:

“Se seguirá investigando”.

Alguna vez también habrá que preguntar:

¿Quién se hace responsable?

La bandera argentina tampoco debería ser un accesorio

Y llegamos al patriotismo.

Porque últimamente parece que cualquier bandera sirve para explicar cuánto queremos a la Argentina.

La bandera argentina, sin embargo, tiene una historia.

Fue creada por Manuel Belgrano.

Es celeste y blanca.

Y no necesita competir con ninguna otra bandera para demostrar que representa a nuestro país.

Cada persona tiene derecho a portar la bandera que quiera dentro de los límites de la ley.

Pero tampoco está mal decir algo que parece haberse vuelto revolucionario:

Argentina tiene una bandera nacional.

Y quererla no debería convertir a nadie en fascista, liberal, socialista, peronista ni nada.

Simplemente debería significar que uno quiere a su país.

Y ya que hablamos de peronismo...

Hay otra contradicción bastante divertida.

Hay gente que reivindica permanentemente a Juan Domingo Perón y a Eva Perón, pero probablemente no estaría de acuerdo con buena parte de lo que ambos dijeron en distintos momentos históricos.

Especialmente cuando se trata de la concepción de nación, patria, movimiento y símbolos.

Porque el peronismo contemporáneo tiene una capacidad extraordinaria para reconstruir el pasado a gusto del presente.

Un Perón para cada ocasión.

Una Evita para cada discurso.

Una bandera para cada marcha.

Y una interpretación histórica para cada necesidad política.

El problema es que la historia no funciona como Netflix.

No podemos editar las escenas que no nos gustan.

¿Y los derechos humanos del policía?

Esta es quizás la pregunta más incómoda de todas.

¿Por qué cuando muere una persona a manos del delito hablamos con razón de derechos humanos, pero cuando un policía resulta herido durante una protesta parece convertirse automáticamente en parte del decorado?

¿No tiene derechos humanos?

¿No tiene dignidad?

¿No tiene familia?

¿No merece volver a su casa?

¿No merece un salario digno?

¿No merece respeto?

Y sí:

si un policía abusa de su autoridad, debe responder.

Sin discusión.

Pero exactamente el mismo principio debería aplicarse del otro lado:

si un manifestante agrede, rompe, incendia o ataca, también debe responder.

La democracia no consiste en elegir qué violencia nos gusta según quién la ejerza.

El verdadero problema no es marchar

Marchar no está mal.

Protestar no está mal.

Criticar al Gobierno no está mal.

Criticar al Congreso no está mal.

Criticar a la Policía tampoco está mal.

Todo eso forma parte de una democracia.

Lo que está mal es creer que la protesta otorga licencia para destruir.

Lo que está mal es atacar a quien está cumpliendo una función pública.

Lo que está mal es convertir al trabajador policial en un enemigo por el simple hecho de vestir uniforme.

Lo que está mal es romper bienes que después paga el ciudadano.

Lo que está mal es exigir derechos mientras se desconocen los derechos de los demás.

Y lo que está mal, sobre todo, es que parte del periodismo construya una historia donde siempre existe un único culpable.

El manifestante aparece como víctima.

El policía aparece como victimario.

El delincuente aparece como alguien que necesita derechos.

Y el trabajador aparece...

Bueno.

El trabajador aparece cuando hay que pagar impuestos.

Quizás algún día hagamos una marcha distinta

Una marcha sin banderas partidarias.

Sin punteros.

Sin famosos.

Sin dirigentes sindicales arriba de un escenario.

Sin bombos.

Sin piedras.

Sin incendios.

Sin destrozos.

Una marcha para pedir que los políticos cobren salarios acordes a la realidad del país.

Una marcha para exigir una Justicia que funcione.

Una marcha para reclamar seguridad.

Una marcha para defender a las víctimas.

Una marcha para defender al trabajador.

Una marcha para que el docente pueda enseñar.

Para que el médico pueda trabajar.

Para que el policía pueda cumplir su función sin convertirse automáticamente en enemigo.

Para que el ciudadano pueda caminar tranquilo.

Para que el Estado deje de ser una máquina de gastar y empiece a ser una herramienta para resolver problemas.

Pero claro...

Eso quizás no tenga tanta épica.

No genera tantos likes.

No queda tan lindo en Instagram.

Y difícilmente Lali, Dillom, Fito o cualquier otro famoso necesite salir a cantar por eso.

Porque en Argentina tenemos una curiosa costumbre:

nos encanta luchar por el pueblo, siempre y cuando el pueblo no sea el que está trabajando al lado nuestro.

Y mientras discutimos quién es más patriota, quién tiene la bandera correcta y quién gritó más fuerte...

la factura de los destrozos la paga el mismo de siempre.

El ciudadano.

El que trabaja.

El que paga impuestos.

El que no tiene seguridad privada.

El que no tiene fueros.

El que no tiene despacho.

El que no tiene un sindicato poderoso.

El que no tiene millones de seguidores.

El que mañana, como todos los días, tiene que levantarse temprano.

Ese es el argentino del que deberíamos estar hablando.