Mucho Cresto, poco progreso
Los Cresto: décadas de poder en Concordia y una ciudad que todavía espera el despegue
En Concordia, el apellido Cresto no necesita presentación.
Forma parte de la historia política de la ciudad desde hace décadas. Pasó por la Intendencia, la Legislatura, el Senado, el Congreso, organismos nacionales y el gobierno provincial. Distintas generaciones de una misma familia ocuparon cargos públicos y construyeron una estructura política que convirtió al apellido en uno de los más reconocibles del peronismo entrerriano.
El problema no es que una familia participe en política.
El problema aparece cuando una familia consigue mantenerse durante generaciones dentro de las estructuras de poder y, al mismo tiempo, la ciudad que administró durante buena parte de ese período continúa enfrentando problemas sociales y económicos que parecen no tener solución.
Porque si el poder político se hereda durante décadas, también corresponde preguntar por los resultados.
Y en Concordia, los números obligan a hacer preguntas incómodas.
Tres generaciones y una misma estructura política
La relación de los Cresto con el poder no comenzó con Enrique Cresto.
Su abuelo, Enrique Tomás Cresto, fue gobernador de Entre Ríos entre 1973 y 1976. Su padre, Juan Carlos Cresto, fue intendente de Concordia en dos períodos, entre 1995 y 1999 y nuevamente entre 2003 y 2007. Su madre, Laura Martínez Pass de Cresto, fue senadora nacional entre 2003 y 2007.
El propio Enrique Tomás Cresto llegó a la Intendencia de Concordia en 2015 y volvió al cargo en 2022 después de desempeñarse durante parte de ese período al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
Su hermana, Mayda Cresto, también ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación entre 2017 y 2021.
No se trata, entonces, de una participación ocasional.
Se trata de una continuidad política que atraviesa generaciones.
El apellido pasó del gobierno provincial a la Municipalidad, de la Municipalidad al Congreso y de allí nuevamente a organismos del Estado.
La pregunta inevitable es qué produjo semejante acumulación de poder político para la ciudad.
El problema no es el apellido, son los resultados
Defender la participación política de una familia es perfectamente legítimo.
También es legítimo criticarla.
Y la mejor forma de hacerlo no es con insultos, sino con datos.
Concordia cerró el segundo semestre de 2025 con el 49,9% de su población bajo la línea de pobreza, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos.
El mismo informe registró un 13,6% de indigencia.
En números absolutos, la medición alcanzó a aproximadamente 83.268 personas pobres y 22.739 personas indigentes en el aglomerado Concordia.
Es cierto que la pobreza no puede atribuirse exclusivamente a una gestión municipal.
Depende de factores nacionales, provinciales, económicos y sociales.
También es cierto que durante estos años gobernaron distintos intendentes y que Concordia estuvo atravesada por decisiones tomadas tanto en Paraná como en Buenos Aires.
Pero existe otra realidad que tampoco puede ignorarse.
Durante buena parte de las últimas décadas, el peronismo tuvo una enorme influencia política en Concordia y los Cresto fueron protagonistas centrales de esa estructura.
Por eso resulta razonable preguntar qué hicieron las administraciones que estuvieron bajo su conducción para modificar las condiciones estructurales de la ciudad.
Una ciudad acostumbrada a esperar
Concordia tiene recursos, actividad comercial, producción agroindustrial, ubicación estratégica y una población considerable.
Sin embargo, durante décadas arrastró problemas vinculados con pobreza, empleo, infraestructura y dependencia de recursos provenientes de otros niveles del Estado.
El contraste resulta particularmente incómodo.
Porque mientras los dirigentes pueden ascender políticamente, ocupar cargos provinciales o nacionales y construir carreras que trascienden la ciudad, buena parte de los ciudadanos continúa esperando mejoras que deberían haber llegado mucho antes.
La discusión no consiste en negar las obras realizadas.
Las hubo.
Tampoco corresponde afirmar que nada se hizo.
Sería falso.
Durante la gestión de Enrique Cresto se ejecutaron o impulsaron obras de infraestructura y agua y saneamiento. Desde el ENOHSA, Cresto también administró programas de inversión en distintas provincias y municipios. El propio Gobierno nacional de entonces destacó proyectos vinculados con agua potable y cloacas en Concordia.
El problema es otro.
¿Fueron suficientes para transformar estructuralmente la ciudad?
Los indicadores sociales sugieren que todavía existe una enorme deuda.
De intendente a funcionario nacional
La carrera de Enrique Cresto también muestra cómo funciona una estructura política capaz de proyectar dirigentes desde el ámbito local hacia posiciones nacionales.
Después de ser intendente, Cresto quedó al frente del ENOHSA durante el gobierno de Alberto Fernández entre 2020 y 2022.
Desde ese organismo administró programas de agua y saneamiento y participó en convenios que involucraron miles de millones de pesos en obras.
El Gobierno nacional destacó públicamente la actividad del organismo durante su gestión. En 2022, por ejemplo, informó que el ENOHSA tenía más de 1.600 obras en ejecución y que proyectaba alcanzar las 2.000.
Cresto volvió posteriormente a Concordia para completar su mandato como intendente.
La trayectoria muestra algo evidente: para determinadas familias políticas, la Municipalidad puede ser apenas una etapa dentro de una carrera mucho más amplia.
El problema es que para el ciudadano común la Municipalidad no es una etapa.
Es el lugar donde vive.
Donde paga impuestos.
Donde busca trabajo.
Donde lleva a sus hijos a la escuela.
Donde espera que haya calles transitables, seguridad, servicios e infraestructura.
Y mientras tanto, aparece la causa de los seguros
A esta discusión política se suma ahora una causa judicial que mantiene imputado a Enrique Cresto.
La investigación analiza presuntas irregularidades en la contratación y administración de seguros durante su gestión municipal y alcanza también a otros funcionarios, intermediarios y autoridades vinculadas al IAPSER.
En diciembre de 2025 se formalizaron las imputaciones y la causa quedó centrada, entre otros aspectos, en la designación de productores de seguros que habrían intervenido en operaciones vinculadas al municipio.
Uno de los puntos bajo investigación es especialmente llamativo: la resolución que designaba a Ignacio Caprarulo establecía que sus tareas serían realizadas “ad honorem”, mientras que la hipótesis fiscal sostiene que, por su condición de productor, habría percibido comisiones provenientes del sistema asegurador.
Según información incorporada al expediente y publicada por medios locales, Caprarulo habría recibido alrededor de 20,7 millones de pesos durante 2023, además de un remanente correspondiente a enero de 2024. Posteriormente, CETW Brokers S.A. habría percibido aproximadamente 8,9 millones de pesos entre noviembre de 2023 y enero de 2024 por la administración de determinadas pólizas.
La Fiscalía sostiene que la intervención de intermediarios privados resulta cuestionable porque la Municipalidad contrataba coberturas mediante el IAPSER, una aseguradora estatal provincial.
Pero hay que ser precisos.
Que una persona esté imputada no significa que sea culpable.
La causa continúa abierta y será la Justicia la que determine si existieron delitos y responsabilidades penales.
Lo que sí ocurrió es que la defensa de Cresto pidió la nulidad de la imputación y su sobreseimiento.
El juez de Garantías Mauricio Guerrero rechazó ambos planteos el 19 de junio de 2026 y consideró que la acusación fiscal estaba correctamente formulada y que existía verosimilitud respecto de los hechos investigados.
Por lo tanto, la investigación continúa.
La política también tiene memoria
Existe otro aspecto que resulta imposible ignorar.
Cuando una familia permanece durante décadas cerca del poder, construye algo más que una carrera electoral.
Construye memoria política.
En Concordia, el apellido Cresto estuvo vinculado a distintas etapas de la administración municipal y provincial.
Pero esa permanencia también genera una responsabilidad política.
No necesariamente judicial.
Política.
Porque quien ocupa cargos durante tantos años no puede atribuir todos los problemas de una ciudad a quien gobernó antes, a quien gobernó después o al gobierno nacional de turno.
En algún momento tiene que hacerse cargo de su propio período.
Si una ciudad continúa teniendo niveles de pobreza extraordinariamente altos después de décadas de gobiernos vinculados a una misma estructura política, resulta legítimo preguntar qué falló.
¿Faltaron inversiones?
¿Faltó generación de empleo privado?
¿Faltó planificación?
¿Faltó infraestructura?
¿Hubo demasiada dependencia de los recursos nacionales?
¿La política social terminó reemplazando al desarrollo productivo?
¿O simplemente el modelo político fue mucho más exitoso para producir dirigentes que para transformar las condiciones económicas de la ciudad?
Son preguntas.
No condenas.
Y precisamente por eso deben hacerse.
La diferencia entre administrar y transformar
Un gobierno puede inaugurar una obra.
Puede anunciar un programa.
Puede entregar subsidios.
Puede pavimentar calles.
Puede construir viviendas.
Puede gestionar recursos nacionales.
Todo eso puede ser importante.
Pero transformar una ciudad implica algo más profundo.
Implica generar condiciones para que una familia pueda vivir de su trabajo.
Implica atraer inversiones.
Implica desarrollar empresas.
Implica mejorar la educación.
Implica aumentar la productividad.
Implica reducir la dependencia de los programas estatales.
Implica conseguir que los jóvenes no tengan que abandonar la ciudad para encontrar oportunidades.
Y, sobre todo, implica que la pobreza deje de ser una característica estructural.
Ese es el punto donde los discursos políticos chocan con los resultados.
Porque Concordia no necesita solamente administradores de la pobreza.
Necesita dirigentes capaces de reducir las causas que la producen.
El contraste que incomoda
El dato más reciente del INDEC muestra que Concordia registró un 49,9% de pobreza en el segundo semestre de 2025, mientras que el Gran Paraná registró un 31,1%.
La diferencia es de casi 19 puntos porcentuales.
No significa que Paraná sea una ciudad sin problemas.
Tampoco significa que Concordia sea pobre exclusivamente por culpa de los intendentes.
Pero sí muestra que existe una brecha territorial que merece una explicación.
Y ahí aparece la pregunta que ningún apellido debería poder esquivar:
¿Qué hicieron durante todos estos años quienes tuvieron mayor poder político para cerrar esa brecha?
El argumento de “nosotros hicimos”
La política suele funcionar con una fórmula sencilla.
Se enumeran obras.
Se muestran fotografías.
Se recuerdan inauguraciones.
Se mencionan convenios.
Se habla de millones de pesos invertidos.
Y todo eso puede ser cierto.
Pero una gestión pública no debería evaluarse únicamente por cuánto dinero administró.
También debería evaluarse por qué resultados consiguió.
Porque si se anuncian miles de millones de pesos en inversiones y, al mismo tiempo, casi la mitad de la población continúa bajo la línea de pobreza, la discusión no puede terminar en una foto de una obra inaugurada.
Hay que preguntar qué ocurrió después.
¿Generó empleo?
¿Aumentó la productividad?
¿Mejoró los ingresos?
¿Redujo la pobreza?
¿Creó oportunidades?
Si la respuesta es negativa, entonces la obra pudo ser necesaria, pero no fue suficiente.
La familia puede tener historia. La ciudad necesita futuro.
Los Cresto tienen una historia política indiscutible.
El apellido forma parte de la identidad política de Concordia y de Entre Ríos.
Pero la historia no puede convertirse en un argumento para evitar la evaluación.
Una familia puede tener décadas de militancia.
Puede tener dirigentes respetados.
Puede haber ganado elecciones.
Puede haber ocupado cargos importantes.
Puede haber conseguido recursos para obras.
Todo eso forma parte de la democracia.
Pero la democracia también permite hacer una pregunta incómoda:
¿Qué recibió Concordia después de tantas décadas de poder político?
Porque mientras los dirigentes acumulan cargos, experiencia y capacidad de negociación, la ciudad continúa apareciendo entre las más pobres del país.
Y esa contradicción merece ser discutida sin fanatismos.
No se trata de decir que “los Cresto son responsables de todo”
Sería intelectualmente deshonesto afirmar que una sola familia es responsable de todos los problemas de Concordia.
La ciudad tuvo otros intendentes.
La provincia tuvo otros gobernadores.
El país tuvo numerosos presidentes.
Las crisis económicas nacionales afectaron profundamente a la región.
También existieron gestiones de otros partidos y períodos de intervención o cambios políticos.
De hecho, entre los distintos intendentes de las últimas décadas aparecen también nombres como Jorge Busti, Elvio Bordet, Hernán Orduna, Alfredo Francolini y el actual intendente Francisco Azcué.
Por eso, la crítica seria no consiste en cargarle toda la historia de Concordia a un solo apellido.
Consiste en reconocer la enorme influencia que tuvo esa familia y preguntarse qué resultados produjo durante los períodos en los que estuvo en posiciones de poder.
El verdadero problema es cuando el poder se convierte en herencia
Una democracia no debería funcionar como una monarquía.
Los cargos no deberían pertenecer a familias.
No debería existir ningún apellido condenado a gobernar eternamente.
Pero tampoco debería existir ningún apellido prohibido para hacerlo.
La cuestión es mucho más sencilla:
que la ciudadanía pueda elegir libremente y que los resultados sean evaluados sin miedo.
Si un dirigente hizo una buena gestión, debe reconocerse.
Si hizo una mala gestión, debe criticarse.
Si está imputado, debe respetarse la presunción de inocencia mientras la Justicia investiga.
Y si existen sospechas sobre el uso de recursos públicos, deben investigarse hasta las últimas consecuencias.
Ese debería ser el estándar.
Para todos.
La pregunta que queda
La discusión sobre Enrique Cresto no debería reducirse a una causa judicial.
Tampoco debería convertirse en una guerra entre peronistas y antiperonistas.
El debate más importante es mucho más profundo.
¿Cómo puede una ciudad permanecer durante décadas entre las zonas con mayores niveles de pobreza mientras distintas generaciones de dirigentes construyen carreras políticas cada vez más importantes?
La pregunta no implica afirmar que toda la responsabilidad sea de los Cresto.
Implica reconocer que tuvieron un peso político considerable y que, por esa misma razón, tienen que aceptar que sus gestiones sean evaluadas.
Porque la política no debería medirse por la cantidad de cargos obtenidos.
Debería medirse por la cantidad de problemas solucionados.
Y ahí Concordia todavía tiene demasiadas cuentas pendientes.
Mi conclusión
Los Cresto tienen algo que pocas familias políticas pueden mostrar: varias generaciones vinculadas al poder y una presencia que atravesó la Municipalidad de Concordia, la provincia y el Estado nacional.
Pero tener historia política no es lo mismo que tener buenos resultados.
Tener cargos no significa haber transformado una ciudad.
Y administrar recursos públicos no significa automáticamente haber generado desarrollo.
Concordia cerró 2025 con casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza y con más de uno de cada diez habitantes en situación de indigencia.
Al mismo tiempo, uno de los principales dirigentes de esa estructura política continúa enfrentando una investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación de seguros municipales, una causa en la que la Justicia rechazó recientemente su pedido de sobreseimiento y permitió que la investigación continúe.
Nada de esto permite afirmar que Enrique Cresto sea culpable de los delitos investigados.
Tampoco permite responsabilizar exclusivamente a su familia por la pobreza de Concordia.
Pero sí permite formular una pregunta legítima.
Después de tantas décadas de poder, tantas elecciones, tantos cargos y tantas promesas, ¿cuándo llega la hora de medir a los dirigentes por lo que hicieron con el poder y no solamente por cuánto poder consiguieron?
Porque una ciudad no vive de apellidos.
Vive de empleo.
De educación.
De infraestructura.
De seguridad.
De inversión.
De oportunidades.
Y, sobre todo, de resultados.
La historia política de los Cresto puede ser larga. La paciencia de una ciudad también tiene un límite.
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