Peronismo de bolsillo

Víctor Santa María

Dentro del sindicalismo y del empresariado argentino, pocos nombres representan una contradicción tan debatida como el de Víctor Santa María. Secretario general del sindicato de encargados de edificios (SUTERH), empresario de medios y dirigente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, suele presentarse como un defensor del peronismo, de los derechos de los trabajadores y de la justicia social.

Sin embargo, esa imagen ha convivido durante años con denuncias, reclamos y conflictos laborales protagonizados por empleados de empresas vinculadas a su grupo, lo que abrió un debate inevitable: ¿puede alguien reivindicar permanentemente la defensa de los trabajadores mientras enfrenta acusaciones de incumplimientos laborales?

El peronismo construyó gran parte de su identidad sobre la protección del empleo, las negociaciones colectivas y la ampliación de derechos laborales. En ese marco, cualquier dirigente que se presente como heredero de esa tradición queda expuesto a un estándar especialmente alto. No alcanza con defender esos principios en los discursos; también deben reflejarse en la gestión cotidiana de las organizaciones y empresas bajo su responsabilidad.

En distintas oportunidades, trabajadores y sindicatos denunciaron retrasos salariales, conflictos por pagos y condiciones laborales en medios y empresas vinculadas al Grupo Octubre. Algunas de esas situaciones derivaron en protestas, conciliaciones obligatorias o negociaciones entre las partes. Como ocurre en muchos conflictos laborales, las empresas involucradas también expusieron sus propias explicaciones, señalando dificultades económicas o procesos de reorganización.

Más allá de cada caso particular, el contraste entre el discurso y la práctica se convirtió en el centro de las críticas. Para muchos observadores resulta difícil sostener un relato de defensa irrestricta de los trabajadores cuando aparecen reclamos provenientes justamente de empleados propios.

La situación también refleja un fenómeno más amplio dentro de la política argentina: la distancia entre los principios que se proclaman y las acciones concretas. La coherencia suele ser uno de los activos más valorados en la vida pública, y cuando esa coherencia se pone en duda, la credibilidad comienza a deteriorarse.

Quienes respaldan a Santa María sostienen que ningún grupo empresario está exento de atravesar crisis financieras y que los conflictos laborales no necesariamente invalidan una trayectoria sindical o política. Sus críticos responden que precisamente un dirigente sindical debería ser el primero en garantizar el cumplimiento de los derechos laborales dentro de sus propias organizaciones.

Ese es el punto central del debate. No se trata únicamente de discutir balances o conflictos específicos, sino de analizar si existe una doble vara: exigir estándares elevados para otros empleadores mientras se relativizan los problemas cuando ocurren en empresas propias.

La discusión trasciende a una persona. Plantea una pregunta incómoda para buena parte de la dirigencia política y sindical argentina: ¿la defensa de los trabajadores es un principio que se aplica siempre o depende de quién sea el empleador?

La legitimidad de cualquier dirigente no se construye solo con discursos o consignas históricas. También depende de la capacidad de actuar de acuerdo con los valores que dice representar. Cuando aparecen contradicciones entre el relato y los hechos, el debate deja de ser ideológico y pasa a ser una cuestión de coherencia.