El Cerco Soberano

 Decreto para agilizar sanciones (Decreto 868/2026)

Este decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial y establece un mecanismo operativo concreto para acelerar las sanciones:

¿Qué hace el decreto?

Designa a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, centralizando el proceso sancionatorio en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores (a cargo de Pablo Quirno).

Obliga a todos los organismos del Estado a informar a Cancillería, dentro de 5 días hábiles, cualquier hecho que pueda encuadrar en infracciones a la ley. Esto incluye detectar empresas o actividades vinculadas a la explotación petrolera no autorizada.

Establece un procedimiento sumario acelerado:

  Una vez detectada una posible infracción, Cancillería debe notificar al presunto infractor.

  La empresa tiene 10 días hábiles para presentar descargos y ofrecer prueba.

  Cancillería tiene otros 10 días hábiles para resolver: archivar el caso o aplicar la sanción.

Incorpora declaraciones juradas obligatorias tanto en trámites hidrocarburíficos como en el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), donde las empresas deben certificar que no tienen vínculos con explotaciones no autorizadas en Malvinas.

Modificación de la Ley 26.659 (Ley Pino Solanas)

La Ley 26.659 fue sancionada en marzo de 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lleva el nombre de "Ley Pino Solanas". Esta es la norma que Milei busca endurecer mediante un proyecto de ley que enviará al Congreso.

¿Qué dice la ley actualmente?

Prohibición Impide explorar o explotar hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización argentina 

Alcance Aplica a empresas, sus accionistas, proveedores, prestadores de servicios logísticos, técnicos, financieros y de consultoría 

Sanciones administrativas Inhabilitación de 5 a 20 años para operar en Argentina 

Sanciones penales (Ley 26.915 de 2013) 5 a 10 años de prisión por explorar sin autorización; 10 a 15 años por extraer/transportar; multas de 20.000 a 1.500.000 barriles de petróleo WTI  a valor de mercado 

Responsabilidad Extiende a directores, gerentes y representantes de personas jurídicas 

Otras sanciones Suspensión de actividades por hasta 10 años, exclusión de licitaciones estatales, cancelación de personería jurídica 

¿Qué cambios propone Milei?

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional busca:

Endurecer las sanciones existentes: Aumentar las penas y multas para empresas que operen sin autorización.

Ampliar el alcance de la norma: Incluir de forma más explícita a empresas argentinas que brinden servicios, asistencia o apoyo logístico a compañías que operen en Malvinas sin autorización. Esto apunta directamente a la cadena de proveedores locales en la Patagonia y el Atlántico Sur.

Extender consecuencias penales y administrativas no solo a las empresas petroleras, sino también a sus proveedores de servicios.

Juicio en ausencia: Habilitar la posibilidad de juzgar a empresas extranjeras que no estén presentes en el territorio argentino.

Inhabilitación permanente: Las empresas sancionadas quedarían imposibilitadas de contratar con el Estado argentino (tanto sector público como privado).

El contexto de Proyecto Sea Lion

Todo esto responde al avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration para explotar petróleo en aguas próximas a Malvinas, con inicio previsto para los próximos meses. Milei advirtió que si no se actúa ahora, "en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar".




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