El Robin Hood de los impuestos ajenos

Expropiar es fácil cuando siempre viviste del Estado

Ricardo Quintela volvió a instalar una vieja receta: expropiar, nacionalizar y revisar todo lo que haga un gobierno distinto. Un discurso que en Argentina ya se escuchó demasiadas veces y cuyos resultados están lejos de haber sido exitosos.

Pero antes de hablar de quedarse con la propiedad ajena, quizá valga una pregunta mucho más simple: 

• ¿Por qué no empezar por reducir el gasto político?
• ¿Por qué no bajar los salarios de la alta dirigencia? 
• ¿Por qué no reducir la estructura del Estado? 
• ¿Por qué no demostrar que la austeridad también empieza por quienes gobiernan?

Quintela lleva más de cuatro décadas ocupando cargos públicos. Diputado, intendente, gobernador. Gran parte de su vida transcurrió dentro del Estado. Sin embargo, millones de argentinos viven una realidad completamente distinta: trabajan en el sector privado, pagan una de las presiones tributarias más altas de la región y, aun así, sienten que reciben cada vez menos servicios a cambio.

El comerciante, el emprendedor, el productor y el trabajador independiente no tienen la posibilidad de cubrir sus pérdidas con recursos públicos. Si les va mal, cierran. Si aumentan los impuestos, deben pagarlos. Si la inflación destruye sus ingresos, nadie les garantiza un sueldo.

Por eso resulta llamativo que quienes nunca debieron sostener una empresa con recursos propios propongan nuevamente ampliar el control estatal sobre la economía.

La experiencia argentina tampoco ayuda a respaldar ese discurso. Expropiaciones como las de YPF o Aerolíneas Argentinas derivaron en largos litigios internacionales y costos económicos muy importantes para el Estado. Más allá de las posiciones ideológicas, esos procesos dejaron años de incertidumbre jurídica y millonarios gastos para los contribuyentes.

También existe otro debate pendiente: el sistema previsional. Durante décadas, distintos gobiernos peronistas impulsaron reformas y utilizaron recursos del sistema jubilatorio para distintos fines, una decisión que sus críticos sostienen contribuyó al deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y a la pérdida de sustentabilidad del sistema. Otros analistas, en cambio, atribuyen esa situación a una combinación de inflación, envejecimiento poblacional, informalidad laboral y sucesivas crisis económicas. El problema excede a un solo gobierno, pero forma parte de una discusión legítima sobre la administración de los recursos públicos.

La Argentina necesita atraer inversiones, generar empleo privado y recuperar confianza. Difícilmente eso ocurra si desde la política se vuelve a instalar la idea de que la propiedad privada depende del gobierno de turno.

Antes de hablar de expropiar empresas, quizá sería más razonable que la dirigencia se preguntara cómo aliviar la carga de quienes financian al Estado con sus impuestos.

Porque el país no necesita más políticos explicando cómo repartir riqueza ajena.

Necesita gobiernos capaces de crear las condiciones para que esa riqueza pueda generarse.