Europa, capital del turismo y paraíso del carterista
CUANDO LA LEY TERMINA PROTEGIENDO AL DELINCUENTE
Carteristas, reincidentes, menores y una Europa que empieza a preguntarse dónde termina la protección de los derechos y dónde comienza la impunidad
Europa tiene un problema que durante años fue tratado como una cuestión secundaria: los pequeños delitos contra la propiedad.
Carteristas en el metro, robos en zonas turísticas, teléfonos sustraídos en aglomeraciones, billeteras que desaparecen en segundos y delincuentes que, en determinados casos, acumulan detenciones sin abandonar definitivamente la actividad criminal.
El problema no consiste en que Europa tenga leyes que protejan derechos.
El problema aparece cuando una parte de la sociedad comienza a percibir que el sistema jurídico ofrece una respuesta demasiado débil frente a determinados delincuentes reincidentes.
Y ahí surge una pregunta incómoda:
¿qué ocurre cuando la protección de las garantías termina siendo percibida como protección del delincuente?
ROMA EL CARTERISMO COMO NEGOCIO
Roma representa uno de los ejemplos más llamativos.
Durante 2024 se denunciaron en la ciudad metropolitana 33.455 hurtos con destreza, categoría que incluye los tradicionales carteristas.
Eso equivale a aproximadamente 92 denuncias por día.
Pero el dato más importante es su evolución: los casos aumentaron 68% respecto de 2019 y un 4,9% durante 2024. Roma concentró además cerca de una cuarta parte de los hurtos con destreza denunciados en toda Italia.
La magnitud del fenómeno obliga a hacerse una pregunta:
¿qué sucede cuando un delito aparentemente menor se convierte en una actividad habitual?
Porque el problema deja de ser el turista al que le robaron una billetera.
Pasa a ser la existencia de un circuito delictivo capaz de aprovechar sistemáticamente los millones de personas que circulan por la ciudad.
BARCELONA 87.321 HURTOS EN UN SOLO AÑO
Barcelona presenta una realidad diferente.
Durante 2025 se registraron 87.321 hurtos, un 7,6% menos que en 2024.
La reducción es positiva, pero el volumen continúa siendo extraordinariamente elevado.
Los hurtos siguen representando más de la mitad de los delitos registrados en la ciudad.
Y existe otro dato particularmente importante: las autoridades identificaron 470 multirreincidentes, detenidos en 4.001 ocasiones y relacionados con 9.726 hechos delictivos.
Aquí aparece el verdadero problema del debate.
No se trata solamente de cuántos delitos se cometen.
Se trata también de quiénes los cometen y cuántas veces vuelven a hacerlo.
Cuando una misma persona aparece reiteradamente vinculada a delitos, la discusión sobre seguridad deja de ser exclusivamente policial.
Pasa a convertirse en una discusión sobre el funcionamiento completo del sistema penal.
PARÍS CUANDO EL HURTO SE VUELVE PARTE DEL PAISAJE URBANO
París tampoco escapa al problema.
La capital francesa concentra millones de turistas y enormes cantidades de personas en estaciones, metros, monumentos y zonas comerciales.
En 2025, los hurtos sin violencia contra personas aumentaron un 2% en Francia después de dos años de descenso. Además, el 13% de este tipo de delitos se produjo en el transporte público.
El escenario es ideal para el carterismo.
Multitudes.
Distracciones.
Turistas.
Teléfonos.
Billeteras.
Y una enorme dificultad para identificar inmediatamente al responsable.
El delincuente no necesita enfrentarse con su víctima.
Necesita mezclarse con ella.
MADRID EL PROBLEMA QUE NO SIEMPRE APARECE COMO "CARTERISMO"
Madrid muestra otra dificultad para medir el fenómeno.
No todos los hurtos registrados por las autoridades son necesariamente carterismo.
Existen robos en establecimientos, sustracciones en la vía pública, delitos dentro del transporte y diferentes modalidades contra la propiedad.
Por eso, comparar directamente las cifras de Madrid con las de Roma puede producir conclusiones equivocadas.
Pero existe un elemento común: la enorme concentración de población y turistas en determinadas zonas de la capital.
El centro histórico, las estaciones, los principales puntos turísticos y el transporte público generan condiciones especialmente favorables para los delincuentes que buscan víctimas distraídas.
El problema, por lo tanto, no es exclusivamente cuánto delito existe.
También es dónde se concentra y quiénes son sus principales víctimas.
LONDRES MÁS DE 100.000 HURTOS A PERSONAS
Londres demuestra por qué no se puede hablar de una única tendencia europea.
Durante 2024/25 se registraron 103.931 delitos de "theft from the person", una categoría que incluye diferentes modalidades de sustracción directamente a las personas.
Sin embargo, la evolución más reciente resulta positiva.
La Policía Metropolitana informó en 2026 de una reducción del 23% en los hurtos a personas durante los doce meses anteriores, con 23.311 casos menos que en el período previo.
Esto demuestra algo importante:
el problema existe, pero también puede ser combatido.
Las cifras no obligan a aceptar el delito como algo inevitable.
EL PROBLEMA DE LA REINCIDENCIA
Aquí aparece uno de los puntos centrales de toda esta discusión.
El derecho penal moderno se basa en principios fundamentales como la proporcionalidad, la culpabilidad, el debido proceso y la posibilidad de reinserción.
Son principios indispensables.
Pero existe una dificultad cuando un delito considerado menor se repite constantemente.
Un hurto aislado puede tener una determinada respuesta.
Dos hurtos pueden tener otra.
Pero ¿qué sucede cuando una persona acumula una cantidad considerable de condenas y continúa cometiendo delitos?
La reiteración modifica la dimensión del problema.
Porque ya no estamos hablando simplemente de un hecho aislado.
Estamos hablando de reincidencia.
Y la reincidencia plantea una pregunta fundamental:
¿la pena anterior consiguió cumplir su función?
Si no consiguió prevenir un nuevo delito, el sistema debe preguntarse qué está fallando.
ESPAÑA TUVO QUE CAMBIAR SU LEGISLACIÓN
El debate dejó de ser solamente político.
España aprobó en abril de 2026 la Ley Orgánica 1/2026, en materia de multirreincidencia, que modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La norma entró en vigor el 10 de abril de 2026.
La reforma endureció la respuesta frente a determinados supuestos de multirreincidencia.
Entre otras modificaciones, los hurtos leves inferiores a 400 euros pueden recibir una respuesta penal mucho más severa cuando concurren determinadas condenas previas por delitos de la misma naturaleza.
¿Por qué fue necesaria una reforma?
Porque durante años existió un problema conocido como delincuencia reiterada de baja intensidad.
Delitos individualmente pequeños, pero que acumulados generan un importante impacto sobre comerciantes, turistas, trabajadores y ciudadanos.
La discusión finalmente llegó al legislador.
Y el legislador respondió modificando las reglas.
¿ES RESPONSABLE LA "IDEOLOGÍA WOKE"?
Aquí conviene ser precisos.
No existe una única legislación europea que pueda definirse simplemente como "ley woke".
Tampoco sería correcto afirmar que toda política de izquierda busca proteger delincuentes.
El asunto es mucho más complejo.
Existen distintas corrientes dentro de la izquierda europea y diferentes sistemas jurídicos nacionales.
Pero sí puede discutirse una tendencia política y cultural que durante años puso un énfasis muy fuerte en la reinserción, las condiciones sociales del delincuente, las garantías procesales y la reducción del encarcelamiento.
Todos esos elementos tienen fundamentos jurídicos y sociales legítimos.
El problema aparece cuando la preocupación por comprender al delincuente termina desplazando la preocupación por proteger a la víctima.
Ahí comienza el desequilibrio.
Y esa crítica puede hacerse sin negar los derechos fundamentales.
LA VÍCTIMA TAMBIÉN TIENE DERECHOS
Durante mucho tiempo, buena parte del debate penal estuvo centrada en una pregunta:
¿cómo evitar que el Estado abuse de su poder contra el acusado?
Es una pregunta indispensable.
Pero existe otra que merece exactamente la misma atención:
¿cómo proteger al ciudadano frente al delincuente?
El Estado de Derecho necesita ambas respuestas.
El acusado tiene derecho a defensa.
La víctima tiene derecho a protección.
El imputado tiene derecho al debido proceso.
La sociedad tiene derecho a la seguridad.
El menor tiene derecho a un régimen especial.
Pero la víctima también tiene derecho a que el Estado investigue, juzgue y responda frente al delito.
No son derechos incompatibles.
El verdadero desafío consiste en hacer que funcionen simultáneamente.
Y EN ARGENTINA TAMBIÉN TENEMOS EL MISMO DEBATE
La discusión no es exclusivamente europea.
Argentina lleva años debatiendo qué hacer con la delincuencia juvenil, la reincidencia y los delitos graves cometidos por menores de edad.
El debate aparece especialmente cuando se producen hechos violentos o reiterados y la sociedad observa que las herramientas penales disponibles para los menores son diferentes de las aplicables a los adultos.
Y hay una diferencia fundamental que muchas veces se pierde en la discusión:
que un menor no pueda recibir exactamente la misma respuesta penal que un adulto no significa que el Estado no pueda intervenir.
Existen medidas específicas dentro del régimen de justicia juvenil.
El problema está en determinar si esas medidas son suficientes para prevenir que el adolescente vuelva a delinquir.
Porque si el sistema únicamente responde diciendo que el responsable es menor, pero no consigue intervenir eficazmente, el resultado puede ser exactamente el contrario del buscado.
En lugar de evitar que un adolescente ingrese definitivamente al mundo criminal, puede terminar dejándolo dentro de un circuito de reincidencia.
EL CASO DE LOS DELITOS GRAVES
La discusión se vuelve todavía más sensible cuando aparecen delitos violentos o sexuales.
Homicidios, abusos sexuales, violaciones y robos violentos no pueden analizarse de la misma manera que un hurto de una billetera.
La gravedad del daño es completamente diferente.
Por eso, cuando se discute la edad de responsabilidad penal, no debería hacerse únicamente desde la perspectiva del castigo.
También deberían discutirse la prevención, el tratamiento, el seguimiento, la reparación y la protección de las potenciales víctimas.
El objetivo no debería ser llenar cárceles de adolescentes.
Pero tampoco debería ser construir un sistema en el que la edad termine convirtiéndose en una garantía de que determinadas conductas tendrán consecuencias mínimas o insuficientes.
La protección del menor y la protección de la sociedad deben formar parte de la misma política pública.
LA PUERTA GIRATORIA
Existe una expresión que se repite cada vez más en los debates de seguridad:
la puerta giratoria.
El delincuente es detenido.
La policía realiza el procedimiento.
El caso llega a la Justicia.
Se analiza el hecho.
Se aplica la legislación correspondiente.
Y el responsable vuelve a la calle.
En determinadas circunstancias, eso puede ser exactamente lo que establece la ley y lo que corresponde en un Estado de Derecho.
El problema aparece cuando el proceso se repite constantemente con la misma persona.
Detención.
Liberación.
Nuevo delito.
Nueva detención.
Nueva liberación.
Y nuevamente el mismo proceso.
Cuando esto sucede de manera reiterada, la ciudadanía comienza a preguntarse si el sistema está realmente cumpliendo su función preventiva.
NO SE TRATA DE ELIMINAR LOS DERECHOS
Una crítica seria al sistema penal no debería pedir la desaparición de las garantías constitucionales.
Eso sería un error.
La cuestión es otra.
Se puede defender el debido proceso y, al mismo tiempo, exigir condenas efectivas.
Se puede defender la reinserción y, al mismo tiempo, reclamar medidas firmes contra la reincidencia.
Se puede proteger a los menores y, al mismo tiempo, exigir responsabilidad.
Se pueden respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, defender el derecho de las víctimas.
La falsa dicotomía consiste en creer que solamente podemos elegir entre derechos humanos o seguridad.
Un Estado serio debería garantizar ambas cosas.
EUROPA ESTÁ REVISANDO SUS PROPIAS REGLAS
Los hechos muestran que el debate no es imaginario.
Roma registra decenas de miles de hurtos con destreza.
Barcelona mantiene cifras enormes de hurtos y un problema de multirreincidencia.
París enfrenta el peso de los delitos contra las personas en una de las mayores capitales turísticas del mundo.
Londres registra más de 100.000 hurtos a personas en su último período anual, aunque consiguió una fuerte reducción posteriormente.
Y España acaba de reformar su legislación específicamente para endurecer la respuesta frente a determinados casos de multirreincidencia.
Esto debería servir para abandonar dos extremos.
El primero es decir que todo está bien y que el problema es solamente una exageración mediática.
El segundo es afirmar que todo el sistema está diseñado para proteger delincuentes.
Ninguno explica completamente la realidad.
El verdadero problema está en encontrar un sistema capaz de hacer tres cosas al mismo tiempo:
castigar al que delinque, rehabilitar al que puede rehabilitarse y proteger al ciudadano.
Si una de esas tres funciones desaparece, el sistema comienza a fallar.
Y cuando falla de manera repetida, la sociedad pierde confianza.
EL CIUDADANO NO PUEDE SER EL ÚLTIMO
El debate sobre seguridad no debería reducirse a una pelea entre izquierda y derecha.
Tampoco debería convertirse en una discusión entre "garantistas" y "mano dura".
Hay una pregunta mucho más sencilla:
¿el Estado consigue proteger a las personas que cumplen la ley?
Porque un sistema penal no existe únicamente para determinar qué derechos tiene quien delinque.
También existe para proteger a quienes no delinquen.
El turista debería poder caminar por Roma.
El vecino debería poder utilizar el metro de Barcelona.
El trabajador debería poder regresar a su casa.
El comerciante debería poder abrir su negocio.
Y una persona debería poder llevar su teléfono en el bolsillo sin asumir que está aceptando un riesgo inevitable.
Europa no necesita abandonar el Estado de Derecho.
Necesita demostrar que el Estado de Derecho también funciona frente al delito.
Porque cuando una sociedad comienza a acostumbrarse a que el mismo delincuente sea detenido una y otra vez, cuando el pequeño delito se transforma en una actividad permanente y cuando la víctima termina resignándose a denunciar porque cree que nada cambiará, el problema ya no es solamente el carterista.
El problema es la respuesta del sistema.
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Todo culpa de los musulmánes y gitanos rumani chicos de sincoacción se los digo viviendo en mallorca España
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