La nostalgia del peronismo por fundir al Estado

Expropiar otra vez parece que algunos no aprendieron absolutamente nada

"Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar."

Con esa frase, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió enviar un mensaje al mundo. No fue un mensaje para los argentinos. Fue un mensaje para cualquier empresario o inversor que estuviera pensando en traer su dinero al país.

Y el mensaje fue sencillo: si cambia el gobierno, las reglas pueden cambiar también.

Resulta llamativo que, después de décadas de crisis económicas, juicios internacionales y miles de millones de dólares perdidos por decisiones políticas, todavía haya dirigentes que presenten la expropiación como si fuera una política de desarrollo.

La historia argentina demuestra exactamente lo contrario.

En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de YPF. Aquella decisión abrió uno de los litigios internacionales más importantes de la historia del país. Durante años, la Argentina enfrentó una condena judicial de primera instancia por US$16.100 millones, una cifra equivalente a una parte sustancial del presupuesto nacional. Recién en 2026, la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos revocó esa sentencia y devolvió el caso para nuevas actuaciones, evitando por ahora ese enorme desembolso. El proceso, sin embargo, implicó más de una década de litigios, costos legales e incertidumbre para el país. 

Pero YPF no fue el único caso.

En 2008, el Estado decidió estatizar Aerolíneas Argentinas. Años después, el conflicto terminó en tribunales internacionales y la Justicia estadounidense confirmó una condena que obliga a la Argentina a pagar más de US$390 millones por aquella expropiación, luego de rechazar los recursos presentados por el Estado argentino. 

Es decir: las expropiaciones no solo generan debates políticos. También pueden terminar costándole cientos o miles de millones de dólares a los contribuyentes argentinos.

Y eso sin contar otro costo mucho más difícil de medir: la confianza.

Las inversiones no llegan únicamente porque existan recursos naturales o mano de obra calificada. Llegan cuando existen reglas claras, estabilidad jurídica y previsibilidad.

Cuando un gobernador anuncia públicamente que un futuro gobierno "va a revisar absolutamente todo", "va a nacionalizar" y "va a expropiar", el mensaje hacia cualquier empresa es evidente: nadie sabe si lo que hoy compra seguirá siendo suyo mañana.

Después algunos se preguntan por qué los capitales eligen Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil antes que Argentina.

No es un misterio.

La seguridad jurídica vale tanto como un incentivo fiscal.

Nadie invierte millones de dólares donde las reglas dependen del resultado de la próxima elección.

El propio Quintela pidió a los inversores que "no se entusiasmen" con las políticas actuales porque, según él, el peronismo revisará todo cuando vuelva al poder.

Difícil imaginar un discurso menos amigable para quien pretende generar empleo privado.

Por supuesto, un Estado tiene herramientas constitucionales para expropiar cuando existe utilidad pública y mediante indemnización, como establece la Constitución. Pero convertir esa facultad excepcional en una bandera política transmite un mensaje muy distinto: que la propiedad privada puede quedar subordinada a la conveniencia del gobierno de turno.

Y eso tiene consecuencias.

La Argentina necesita inversiones para producir más, exportar más y generar empleo.

No necesita volver a discutir recetas que ya dejaron años de conflictos judiciales, incertidumbre y costos multimillonarios.

Porque si después de décadas seguimos creyendo que expropiar es sinónimo de progreso, entonces quizá el verdadero problema no sea la falta de recursos.

Sea la falta de memoria.