¿Una sociedad armada?

Un tema muy polémico es el de una sociedad con armas de fuego. Es por eso que me gustaría abordarlo e invitarlos a que me dejen sus comentarios y utilicen las demás herramientas que tiene la página. 

Quisiera recalcar a su vez, que este es un artículo de opinión que busca atraer el interés de los lectores sobre el tema y profundizar sus conocimientos al respecto. Por lo cual, les pido que no se queden únicamente con lo escrito aquí, ya que, dado el formato, cuenta con simplificaciones.

Existen dos puntos de vista que trataremos de abordar de la forma más explícita posible.

Un punto de vista que seguro más de uno ha escuchado, y que resulta un tanto fuerte para la sociedad argentina, es aquel según el cual las armas para la sociedad son una forma de libertad y todos deberían tener acceso a ellas. Una perspectiva liberal, pero que tiene algo de verdad: el hecho de que el Estado te facilite el acceso a las armas genera un mercado blanco, mejor controlado. De esto hablaremos y nos explicaremos más adelante.

Por otro lado, tenemos la otra perspectiva: la de que una sociedad armada es un peligro para sí misma y para el Estado, y que todo el poder de coacción debe estar en el Estado, ya que es el único que puede usar la fuerza contra la sociedad de forma legítima y correcta.

Ahora, la cuestión que une todo: en el caso de que a una persona se le niegue un arma en un lugar, ¿se negará a tenerla? Hay quienes dicen que no debería persistir esa necesidad, y está la postura liberal, que dice que todo control sobre una cosa quita la oferta, pero no las intenciones de la otra persona.

En el caso de Argentina, la otra opción es el mercado negro, aquel mercado en donde el Estado no tiene control, donde los números de serie de las armas son limados, donde las armas son de dudosa procedencia y donde muchos argentinos se meten para tener el poder de coacción cuando el Estado no esté presente y el ciudadano argentino lo necesite.

Esta situación del poder de coacción se remonta prácticamente a la creación del Estado argentino, pero termina de caer en la época de los Montoneros, cuando adquirir un arma de fuego era tan fácil como ir a una ferretería, dar un par de datos básicos y ya te podías ir a casa con un arma. Era un sistema sumamente descentralizado, en donde los datos de las adquisiciones quedaban a nivel local, en cada municipio, y no en un sistema nacional. Fue algo muy similar a lo que pasaba con las licencias de conducir, en donde, ante la ausencia de una entidad unificadora a nivel nacional, cada licencia era de nivel municipal y todo estaba totalmente descentralizado.

Esto lo permitia por el artículo 4 de la ley 13945 el cual establecia que la administracion del mercado de armas civiles correspondia a las autoridades locales y a la fiscalizacion de las provinciales. Citando el articulo:

Art. 4° - Los actos que se refieren a los materiales de las categorías 1°(Armas de guerra) y 2°(Pólvoras, explosivos y afines) y los de comercio interjurisdiccional de los de 3°(Armas de uso civil) categoría corresponden a la jurisdicción nacional y quedarán sometidos a la fiscalización del Ministerio de Defensa Nacional. Los otros actos que se refieren a los materiales de 3°(Armas de uso civil) categoría corresponden a las jurisdicciones locales y serán fiscalizados por las autoridades provinciales y las de la Capital Federal y territorios nacionales, sin perjuicio de la intervención concurrente del Ministerio de Defensa Nacional con fines de inspección. 

Hablando de estos procesos históricamente institucionales de la Argentina, es importante agregar el dato de que la institución que hoy en día regula todo lo que tenga que ver con el ámbito de las armas es la RENAR. Quisiera mencionar a su vez un fragmento de un artículo de la Ley 20.429, sancionada en 1973 según la cual el regimen vigente hasta aquel momento finaliza:

Art. 4° — Todos los actos a que se refiere la presente ley que comprendan material clasificado como “armas de guerra”, así como la importación de “armas de uso civil” y los actos comprensivos de pólvoras, explosivos y afines, serán fiscalizados y supervisados por el Ministerio de Defensa. Tal fiscalización será ejercida, en lo referente a “armas de guerra” e importación de “armas de uso civil”, por intermedio del Registro Nacional de Armas; y, en lo relativo a pólvoras, explosivos y afines, por la Dirección General de Fabricaciones Militares.

Existen algunos hechos que se pueden poner como ejemplos claros de lo que estamos abordando, como es la Ley Seca en Estados Unidos, donde prohibir algo no elimina la demanda, sino solamente la oferta. Es por eso que, al ser el mercado negro quien ofrecía lo que el Estado no, la gente comenzó a comprar en esos lugares ilícitos y, por consecuencia, a hacerlo crecer.

Pero tampoco se puede dejar de lado que, si el Estado quiere facilitar el acceso a las armas, tiene que esforzarse el doble en controlarlas; es decir, ser un Estado presente en este sentido y más serio de igual manera. No es buena idea facilitar el acceso si el Estado no se va a hacer cargo o si la burocracia sigue presente, porque lo único que estarías consiguiendo sería generar una sociedad más armada, pero no más controlada.

Además, hay que entender que no es solo el Estado, sino que el Poder Judicial puede ser muy duro cuando se trata del uso de un arma de fuego sobre una persona. A lo que me quiero referir es que el ciudadano argentino puede adquirir un arma, pero, si la usa sobre otra persona, un poder distinto al que le dio el derecho de tenerla lo juzgará y, hasta hoy en día, esas penas suelen ser duras para el portador de las armas.

Otro tema importante es que, si el Estado quiere facilitar el acceso a las armas, tiene que capacitar a sus funcionarios públicos que cumplen funciones en el Poder Judicial y a quienes combaten conductas ilícitas de la sociedad.

No quiero tomar una postura, porque nunca fue mi finalidad, sino explicar, desde mi punto de vista, cuáles son las cuestiones que el argentino debe tener en cuenta con respecto a este tema. Es un proceso arduo para el Estado, pero que, si lo logra, nos encontraríamos frente a una de las reformas del sistema argentino que marcaría un antes y un después.