¿SE VENDIÓ EL RÍO PARANÁ O SE DISTORSIONÓ EL DEBATE?

La discusión sobre la Hidrovía volvió a instalar una vieja pregunta: ¿informar es explicar los hechos o reducirlos a un eslogan que genere impacto?

En los últimos días, una frase ocupó titulares, programas de televisión y redes sociales: "Milei vendió el río Paraná". La expresión se difundió con rapidez y despertó indignación en muchos argentinos. Sin embargo, detrás de ese mensaje existe una realidad mucho más compleja que merece ser analizada.

Lo primero que debe aclararse es que nadie puede vender un río. El Paraná sigue siendo un bien público de la Argentina. Lo que el Gobierno licitó fue la concesión del dragado, el balizamiento y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, un sistema clave para el comercio exterior del país.

Otro dato relevante es que la empresa belga Jan De Nul no apareció por primera vez durante la gestión de Javier Milei. Esa compañía participa en las tareas de dragado de la hidrovía desde la década de 1990 y ya había operado bajo distintos gobiernos de signos políticos diferentes.

Eso no significa que la nueva concesión no pueda ser discutida. Toda licitación pública de semejante magnitud debe ser analizada, controlada y debatida. Existen argumentos válidos tanto de quienes respaldan el proceso como de quienes lo cuestionan. Lo preocupante aparece cuando la discusión técnica es reemplazada por consignas que, aunque resulten impactantes, no reflejan con precisión lo ocurrido.

Una democracia necesita periodismo crítico. Investigar, preguntar y controlar al poder forman parte de su función esencial. Pero ese rol pierde fuerza cuando el debate se construye sobre frases que simplifican un asunto complejo hasta volverlo irreconocible.

El mantenimiento de la hidrovía involucra cuestiones de infraestructura, comercio exterior, logística, competitividad y administración pública. Reducir todo ese entramado a la idea de que "se vendió el río" puede contribuir a la confusión más que a la comprensión.

La crítica a cualquier gobierno es legítima. También lo es cuestionar una licitación, pedir mayor transparencia o señalar posibles errores. Lo que fortalece el debate público es que esas objeciones se apoyen en información verificable y contexto suficiente, no únicamente en consignas.

El desafío del periodismo no consiste en construir el titular más llamativo, sino en ofrecer a la sociedad las herramientas necesarias para comprender una realidad que casi siempre es más compleja que un eslogan.

Porque cuando la simplificación reemplaza a la explicación, el perjudicado no es un gobierno ni un partido político. El perjudicado es el ciudadano, que merece información completa para formar su propia opinión.