Por Bautista Lissa
El reciente desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años en el distrito de Retiro en Madrid, ha encendido nuevamente el debate social sobre la vivienda en España. La imagen de una persona mayor siendo desalojada genera un rechazo social inmediato, y con razón, pues nadie desea ver a un anciano en situación de desalojo. Sin embargo, cuando la emoción política sustituye al análisis económico y jurídico, los diagnósticos resultan erróneos y las soluciones propuestas terminan por destruir aún más el mercado actual.
El derecho de propiedad
Para comprender la raíz de este conflicto es necesario analizar el principio innegociable de la propiedad privada. Un contrato de alquiler no es una concesión social, sino un acuerdo voluntario entre partes sobre el uso temporal de un bien a cambio de un precio justo. La situación actual arrastra aún los arraigos de una antigua legislación de mercado socialista, basada en contratos indefinidos y congelaciones de precios que distorsionaron el mercado durante décadas. Pretender que un propietario privado asuma indefinidamente la carga de albergar a un inquilino a precios fuera de la realidad económica equivale a una expropiación del uso de su bien.
El incentivo perverso de las regulaciones
Cuando el marco legal castiga al propietario, se desencadena un mecanismo de incentivos perversos ampliamente documentado por la ciencia económica. Ante la inseguridad jurídica y el riesgo de no poder recuperar la vivienda o actualizar su valor, los propietarios reaccionan retirando masivamente sus inmuebles del mercado. Los pisos se trasladan hacia la venta, el alquiler turístico, reduciendo la oferta drásticamente. Esta escasez forzada termina exigiendo requisitos y garantías inalcanzables para los perfiles más vulnerables, logrando exactamente el efecto contrario al anunciado por los reguladores.
El uso político de la vulnerabilidad
En lugar de asumir sus responsabilidades, ciertos sectores del arco político y del socialismo contemporáneo aprovechan mediáticamente estos dramas humanos para alimentar la confrontación. La narrativa de la "anciana desprotegida contra el propietario avaricioso" funciona como un eficiente medio electoral que atrae votos en las urnas. Sin embargo, esta estrategia populista oculta la verdadera naturaleza del problema. Utilizar la angustia de los colectivos vulnerables para justificar un mayor intervencionismo estatal que solo perpetúa la crisis habitacional.
La verdadera falla estatal
El drama de Retiro no expone las falencias del libre mercado, sino el estruendoso fracaso de la administración pública. España arrastra un déficit histórico en la gestión de su mercado inmobiliario y en la ejecución de políticas de contención social eficientes. El Estado recauda miles de millones en impuestos prometiendo una red de protección social que, llegado el momento de la verdad, no aparece (cabe aclarar que no estoy a favor de las políticas públicas, de esta manera solo hago hincapié en que en su único objetivo fallaron). Al fallar en ofrecer alternativas habitacionales o asistenciales, la administración recurre a la regulación, obligando a los particulares a ejercer el rol de amortiguador social que el propio sector público es incapaz de asumir.
La alternativa liberal para un mercado sano
La solución no pasa por inventar nuevos subsidios estatales ni parches redistributivos que se financian mediante la expropiación fiscal. La verdadera alternativa exige la restitución plena de la libertad de mercado. La derogación de las leyes de control de alquileres, la liberalización absoluta del suelo y la supresión de impuestos que encarecen la construcción. En una sociedad libre, la asistencia a los más necesitados corresponde a la red voluntaria de la sociedad civil (caridad privada, familias y fundaciones), mientras que la libre competencia se encarga de generar abundancia y reducir los costes.
Es triste lo de Maricarmen, pero ¿y las futuras generaciones?
Resulta indudable que la situación personal de Maricarmen genera tristeza y empatía. Sin embargo, la política pública no puede diseñarse únicamente mirando el presente inmediato a costa de liquidar el futuro. Si para resolver un caso puntual se destruyen los incentivos a la inversión y se erosiona la propiedad privada, las próximas generaciones de jóvenes y familias trabajadoras se encontrarán con un mercado inmobiliario devastado, sin oferta disponible y con precios inaccesibles. Exigir que el Estado cumpla sus funciones sin pisotear los derechos de los ciudadanos es el único camino para garantizar el bienestar presente sin condenar las oportunidades de quienes vendrán mañana.
Conclusión
La trampa del populismo consiste en sacrificar los principios de la libertad individual para solucionar un caso particular en el presente. Al convertir la propiedad privada en un chivo expiatorio, el Estado destruye el ahorro, frena la inversión y condena a las próximas generaciones a la escasez permanente. Una sociedad próspera y justa no se construye sofocando el mercado, sino garantizando la libertad y respetando los derechos de todos los individuos.
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